Los principales riesgos en materia de ciberseguridad para una organización pública están asociados al robo, pérdida o uso indebido de la información, así como a fallas en los sistemas y redes institucionales. Estos incidentes pueden provocar la suspensión de operaciones, la interrupción de servicios públicos esenciales y afectaciones directas a las actividades administrativas del municipio.
En escenarios más avanzados, ciertos tipos de malware pueden generar daños a infraestructura física controlada por sistemas informáticos, como equipos, sistemas automatizados o instalaciones operadas mediante tecnologías digitales. Este tipo de incidentes representa un riesgo significativo para la continuidad operativa y la seguridad institucional.
La pérdida de información también puede ocasionar daños a la reputación y credibilidad de la institución, además de facilitar la ejecución de ataques más sofisticados. Los ciberdelincuentes suelen utilizar información confidencial para escalar accesos, suplantar identidades o ampliar el impacto de sus ataques. Asimismo, estas amenazas generan afectaciones económicas, ya sea por la interrupción de servicios, la recuperación de sistemas o el secuestro de información institucional.
En el contexto nacional, México se encuentra entre los países con mayor número de intentos de ataques de tipo ransomware, lo que incrementa la relevancia de fortalecer las medidas de prevención en las instituciones públicas. Las consecuencias de este tipo de ataques pueden incluir la paralización de operaciones, la pérdida de información crítica y altos costos asociados a la recuperación de sistemas, afectando directamente la capacidad del gobierno municipal para cumplir con sus funciones.
Por ello, identificar los riesgos y adoptar prácticas responsables de ciberseguridad es fundamental para proteger la información, garantizar la continuidad de los servicios públicos y salvaguardar la confianza de la ciudadanía en la administración municipal de Tulancingo.